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Abuso de poder
16 / 05 / 2014 > Con voz propia Compartir en Facebook Compartir en Twitter
NO, claro que no nos olvidamos de lo prometido en nuestro comentario sobre la muerte de Carrasco (q.e.p.d.) de que quedaba pendiente de decir algo sobre el asunto, calificado de envergadura, referente a los presuntos motivos de índole de venganza personal.
Parece ser que esa venganza personal partió (según se nos confirma por un privado enviado por un amigo conocedor de la comarca donde ocurrieron los hechos) de que se entendió por la joven y por su madre que la “chavala” llevaba unos años sufriendo una “vida imposible” venida de la prepotencia, de un extraño uso del poder en su cargo que ostentaba la víctima, lo que pudo nublar seriamente la mente de la joven y de su madre. No veían las cosas claras y a ello se sumó, posiblemente sin duda, el maldito odio, el rencor, certeza de cuyos hechos dejamos para confirmar por las Fuerzas del Orden y la Justicia, trabajo en el que no queremos, ni debemos entrar.
Pero lo que sí vamos a analizar libremente es lo de la prepotencia y del abuso del poder en los cargos públicos en general.
Posiblemente, y tal vez a causa de que estén en casi todos los gobiernos, veamos que afloran o salen a la luz, en estos días, más casos de abuso de poder en el cargo público en personas del PP que en otros que no están actualmente en el poder porque el pueblo no lo quiso y así no la pueden ejercer con descaro.
Y el que cometiere abuso en el ejercicio de su cargo, derecho, empleo o profesión, ha de ser razonadamente inhabilitado, y, si es autoridad, sufrirá prisión y multa, teniendo en cuenta asimismo las relaciones personales, y la agravante de superioridad.
Sin embargo para que estas medidas se lleven a cabo y no se espere a que se nuble seriamente, o incluso se deteriore, la mente de aquellas personas que sufren los abusos, deberíamos tener los hombres y las mujeres, que saben del abuso, la valentía de denunciar ante la autoridad competente. Sabemos que la palabra denunciar no es bien vista entre nosotros la sociedad, cuando no es ni más ni menos que comunicar a la autoridad unos hechos que no son ejemplares, que son irregulares, que son indebidos y que son modales de deficiente educación. Por otra parte debemos refrescar la memoria y darnos cuenta de que denunciar hechos no ejemplares, de deficiente educación, es una obligación incluso sancionable.
Todos debemos y tenemos que ser justos porque, en una u otra medida, nos toca alguna vez administrar Justicia. No sólo los Jueces administran Justicia.
El mecánico arreglando las averías ha de hacerlo a conciencia y para todos de la misma forma. Es justo, es Justicia.
El Maestro, el Profesor, ha de procurar garantizar a todos los alumnos el derecho a la Educación, mediante programas generales de enseñanza, con participación efectiva de todos sus discípulos. Ha de explicar sin ver niños más bonitos y no dispensando un sobresaliente al hijo del amigo y al hijo del consumidor normal, en condiciones iguales, un notable. Es justo, es Justicia.
Han sacado competencias a los Alcaldes de los municipios de menos de 5.000 habitantes. Y algunos lo vimos bien, porque en un pueblo pequeño no es bueno, aunque para otras cosas pueda que sí, que todos nos conozcamos, ya que el alcalde, el concejal puede actuar con sentimiento instintivo que incline a rechazar algo o alguien, que no es otra cosas que la antipatía. Todos sabemos que existe entre algunos de los cargos antipatías hacia a aquellos que no le son simpáticos, y favoritismos para los amigos o para los hijos de éstos, que no hay equidad. E incluso ocurren casos de rivalidad política o de otra clase que alcanzan el odio, el rencor.
De ahí, de esas circunstancias, partió el Legislador en las normas del Jurado Popular y por ello éstas no toleran que para juzgar a una persona de Mondoñedo estén vecinos en el Jurado y se designan de Monforte, para el caso (y perdóneseme el ejemplo).
Y para nosotros sería correcto, perfecto y justo que en los Ayuntamientos y en otros órganos, existiera la figura jurídica de la recusación, para que los alcaldes, los concejales, los Presidentes de las Diputaciones, los diputados, etc. fueran apartados de negocios en que aspira un pariente, un amigo, un enemigo, para asegurar, o elevarles la seguridad de la imparcialidad, la equidad, y, en definitiva, usar la Justicia en todos esos actos de sus competencias.
Somos conscientes de que todos los españoles tenemos derecho al trabajo y, si es posible, a la libre elección de profesión u oficio y a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente. Y por ello creemos necesario que con mucho cuidado y sin perjudicar a terceros los alcaldes, los concejales, etc. procuren dar trabajo a las personas desfavorecidas, a las que no son capaces de encontrar una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. E incluso a colocarles en una vivienda digna.
Está claro que se dice que el poder corrompe, pudre, y hay que tener mucha serenidad para que no le contagie, pensar las cosas dos veces, e incluso practicar en la almohada.
En fin (me he alargado un poquitín), a los que desempeñan cargos, a los que ejercen derechos, por medio de designación del pueblo, les pedimos que sean justos, si es que no lo son ya, aunque no sean Jueces, porque para eso hay que tener también vocación, pero, por lo menos, que sean un buen árbitro y que se parezcan más a las personas ejemplares que a los delincuentes, para evitar asuntos tan desagradables, tan descabellados. Así lo opino.


  LORENZO ARES ROBLES - Mondoñedo

 

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